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El Código tributario señala que se puede interponer recursos de reclamación contra una orden de pago sin tener que cumplir con el pago previo de la deuda cuando existen situaciones que evidencien que la cobranza pueda ser improcedente.

El artículo 119 del Código Tributario establece que el ejecutor coactivo deberá suspender el procedimiento de cobranza coactiva cuando se hayan emitido órdenes de pago y medien otras circunstancias que evidencien que la cobranza podría ser improcedente.

Algunos de los supuestos en los que la cobranza puede resultar improcedente son los siguientes:

Cuando se emita una orden de pago por un monto mayor al declarado como deuda por el deudor tributario. Este caso se trata de un error al emitir la Orden de Pago.
Cuando se rectifica la declaración original disminuyendo la deuda tributaria y el ejecutor inicia las acciones para exigir el cobro de la deuda original, a pesar que la rectificatoria ya surtió efectos por que la administración así lo declaró o por que transcurrieron 60 días hábiles sin que se pronuncie.
Cuando la deuda ha prescrito. Debe tenerse presente que la prescripción opera a pedido de parte y no de oficio, por lo que sólo tiene efecto si el deudor tributario solicita la prescripción de la deuda.
Cuando la administración tributaria aprobó el aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria contenida en la orden de pago.
Cuando el deudor tiene un crédito a si favor, por haberse resuelto la solicitud de devolución de un pago indebido y este puede ser compensado con la deuda. Cabe señalar que el sólo hecho de presentar la solicitud de compensación no suspende la cobranza coactiva, por ello es necesario interponer la reclamación argumentando esta circunstancia.

Lima, 1 de Abril de 2015.

Luis Alberto Arce Furuya

Abogado tributarista, Economista

Cuando se haya interpuesto un proceso de Amparo y dentro de él el juez ordene la suspensión de la cobranza.
Cuando una ley disponga la suspensión.
Cuando tratándose de ordenes de pago existan circunstancias que evidencien que la cobranza podría ser improcedente y siempre que la reclamación se haya interpuesto dentro de los 20 días hábiles de notificada la Orden de Pago. En este caso la reclamación debe admitirse y resolverse dentro del plazo de 90 días hábiles.

Conclusión del procedimiento.- El ejecutor coactivo deberá dar por concluido el procedimiento y levantar los embargos cuando se haya presentado el recurso de reclamación o apelación contra la Resolución de Determinación o de Resolución de Multa que contenga la deuda tributaria materia de cobranza, dentro del plazo para hacerlo. Una vez vencidos los plazos para la presentación de estos recursos deberá presentarse carta fianza. También deberá concluir el procedimiento cuando la deuda haya sido extinguida, haya prescrito o se esté siguiendo contra persona distinta al obligado. El fraccionamiento o aplazamiento de la deuda también es causal para la conclusión de la cobranza coactiva.

En el caso de deudores que se encuentren dentro de un proceso concursal, el ejecutor coactivo deberá suspender el procedimiento de cobranza coactiva. Una vez declarada la quiebra debe declarase la conclusión de la cobranza coactiva.

Luis Alberto Arce Furuya

Abogado tributarista,

El artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) señala que para establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente productora…, “en consecuencia son deducibles:…inciso ll) “Los gastos y contribuciones destinados a prestar servicios de salud, recreativos, culturales y educativos…”Por su parte el tribuna Fiscal se ha pronunciado en reiteradas oportunidades acerca del requisito de generalidad que debe cumplirse para que los gastos previstos en el mencionado inciso no constituya remuneración del trabajador y por tanto sujeto a las retenciones de quinta categoría. La generalidad está referida a que este beneficio hacia el trabajador debe otorgarse a todos que tengan condiciones similares, como la jerarquía, antigüedad, rendimiento, area, etc. La Administración tributaria ha tenido en la posición, en muchas ocasiones de asumir estos gastos como de carácter remunerativo, constituyendo renta de quinta categoría del trabajador.

El tribunal Fiscal, se ha pronunciado sobre el tema mediante RTF 9484-4-2007, en la que establece que los gastos educativos contemplados en el artículo 37 de la LIR deben estar referidos a aquellos desembolsos que permitan efectuar las labores de una manera mas adecuada y eficiente, como son los cursos de capacitación y no los gastos en educación profesional o que otorguen un grado académico que beneficia principalmente al trabajador. Estos gastos no constituyen gastos de capacitación para el puesto, por lo que al ser efectuados en virtud a la prestación de servicios personales a la empresa constituyen rentas de quinta categoría, por lo que la empresa se encuentra obligada a retener el Impuesto a la renta de quinta correspondiente.En conclusión los desembolsos para pagar las carreras profesionales de los trabajadores si constituyen gasto para la empresa, pero como parte de la remuneración del trabajador, sujeta a retención de quinta y no como gasto dentro del supuesto del artículo 37 de la LIR.

Por otro lado, tenemos que en el año 2009 la Sunat emitió un informe en el que aparentemente habría cambiado su criterio, en efecto el informe 021-2009 del 5 de Febrero de 2009, señala que " no existe impedimento para que las empresas, al amparo del inciso II) del artículo 37 de la LIR, puedan deducir los gastos incurridos por concepto de maestrías, postgrados y cursos de especialización de sus trabajadores, siempre que cumplan con el criterio de generalidad entre otros criterios", sin ambargo este informe es muy escueto y fundamenta su posición únicamente en un párrafo de Roque García Mullín sobre los gastos asistenciales".

Los cursos que no tienen relación alguna con el rubro de la empresa así como con las actividades que desempeñan los trabajadores como podría ser un curso de preparación de Sushis o de metafísica pagado por la empresa a los jefes de ventas, ¿no calificarían como gasto deducible de la empresa? por no estar relacionados con la generación de renta gravada? . Consideramos que el tema es algo discutible, por que los gastos "asistenciales", como los llama García Mullín, que están recogidos en el artículo II) de la Ley del Impuesto a la Renta, son considerados como deducibles para la empresa por que están orientados a crear una mejor relación laboral, lo cual puede incidir en la productividad, como los agasajos a los trabajadores y gastos en salud. Los gatso en agasajos a los trabajadores no tienen relación directa con la producción, no con las ventas, pero si son deducibles, cumpliendo ciertos criterios, por que precisamente mejoran el clima laboral, al igual que los gastos en educación de los trabajadores de la empresa.

Luis Alberto Arce Furuya

Abogado tributarista, Economista

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El concepto de Asistencia Técnica se introdujo en nuestra legislación con la entrada en vigencia del decreto Legislativo 945 a partir del 1 de Enero del 2004.Este Decreto legislativo modificó el artículo 9 de la Ley del Impuesto a la renta, introduciendo como supuestos de renta de fuente peruana a las generadas por servicios digitales y por la “asistencia técnica”, siempre que sean utilizados económicamente en el país. El inciso c del artículo 4-A del Reglamento de la LIR define a la Asistencia Técnica como todo servicio independiente, sea suministrado desde el exterior o en el país, por el cual el prestador se compromete a utilizar sus habilidades, mediante la aplicación de ciertos procedimientos, artes o técnicas, con el objeto de proporcionar conocimientos especializados, no patentables, que sean necesarios en el proceso productivo, de comercialización, de prestación de servicios o cualquier otra actividad realizada por el usuario. Para que el servicio califique como Asistencia Técnica debe tener las siguientes características:

a) El servicio debe ser independiente. Esto quiere decir que estos servicios no deben ser brindados al amparo de un contrato de trabajo en donde exista una relación de dependencia entre la empresa y el prestador del servicio, el que puede ser persona natural o jurídica.

b) El objeto del servicio debe ser proporcionar o transmitir conocimientos especializados no patentables.

c) Los conocimientos deben ser necesarios para el proceso productivo, de comercialización, prestación de servicios o cualquier otra actividad realizada por quien recibe el servicio. Sólo aquellos servicios altamente especializados y que sean indispensables para el desarrollo de la actividad de la empresa usuaria.

- El mismo reglamento señala que no se consideran como asistencia técnica los siguientes casos: a) Los servicios prestados por los trabajadores al amparo de su contrato de trabajo .b) Los servicios de marketing y publicidad. c) Las informaciones sobre mejoras, perfeccionamientos y otras novedades relacionadas con patentes de invención, procedimientos patentables y similares. d) Las actividades que se desarrollen a fin de suministrar las informaciones relativas a la experiencia industrial, comercial y científica a las que se refieren los artículos 27 de la LIR y 16 de su Reglamento, referidos a las regalías. e) La supervisión de importaciones. Asimismo se señala que la asistencia técnica comprende el adiestramiento de personas para la aplicación de los conocimientos especializados no patentables. El reglamento también señala los supuestos en los que necesariamente existe asistencia técnica:

Servicios de Ingeniería: ejecución y supervisión del montaje, instalación y puesta en marcha de las máquinas, equipos y plantas productoras, calibración, inspección, reparación y mantenimiento de las máquinas, equipos, y la realización de pruebas y ensayos, incluyendo control de calidad, estudios de factibilidad y proyectos definitivos de ingeniería y de arquitectura.
Investigación y desarrollo de proyectos: La elaboración y ejecución de programas pilotos, la investigación y experimentos de laboratorio; los servicios de explotación y la planificación o programación técnica de unidades productoras.
Asesoría y consultoría financiera: asesoría en valoración de entidades financieras y bancarias y en la elaboración de planes, programas y promoción a nivel internacional de venta de las mismas; asistencia para la distribución, colocación y venta de valores emitidos por entidades financieras. No es relevante que el servicio sea brindado en el extranjero o en el país, lo importante es que sea utilizado económicamente en el país. Se entiende que es utilizado en el país cuando sirve al desarrollo de actividades o cumplimiento de los fines de personas domiciliadas en el país. Tasa de retención.El inciso f del artículo 56 de la LIR, el usuario local debería obtener y presentar ante la Sunat, una declaración jurada expedida por la empresa no domiciliada en la que indique que se prestará la asistencia técnica y registrará los ingresos que se generen, y además un informe de una firma de auditoría de prestigio internacional que certifique la prestación efectiva de la asistencia técnica. La tasa de retención para las contraprestaciones pagadas por servicios que califiquen como asistencia técnica serán del 15% a diferencia del 30% que se deberá retener a las rentas pagadas a servicios brindados por no domiciliados que no califiquen como tales.

Lima, 27 de Diciembre de 2009.

Luis Alberto Arce Furuya - Abogado tributarista

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Nuestro servicio consiste en asesorar al cliente en todo el procedimiento de liquidación hasta la extinción de la sociedad. Este servicio incluye lo siguiente:

Consultas legales.
Nos hacemos cargo de los procedimientos administrativos que la empresa tenga o vaya a tener con SUNAT o el Tribunal Fiscal.
Elaboración de Acta de Acuerdo de Disolución, Liquidación y nombramiento de Liquidador; minutas de ser el caso.
Elaboración y tramitación de las publicaciones.
Gestiones ante notaría y Registros Públicos para la inscripción del acuerdo de disolución.
Asesoría en la Elaboración del Balance Final de Liquidación.
Elaboración de todos los documentos que se requieran para sustentar legal y tributariamente las transferencias y disposición de activos.
Elaboración de Acta de Aprobación de Balance Final.
Acta de extinción de la sociedad y su inscripción en Registros.
Demanda Judicial de Quiebra de ser el caso.

Pasos a seguir para la Liquidación de sociedades:

1. El primer paso para iniciar el proceso de liquidación y finalmente la extinción de una empresa es lograr el acuerdo de disolución, para ello el Directorio debe convocar a la junta general a fin de que adopten el acuerdo de disolución cuando se produzcan algunos de las causales de disolución establecidas en la Ley General de Sociedades. De no existir Directorio la junta será convocada por el socio, administrador o gerente.

2. Publicar el acuerdo de disolución, este debe publicarse dentro de los 10 días siguientes de tomado.

3. Para la inscripción del acuerdo de Disolución se debe presentar ante el registro público correspondiente la copia certificada del acta en la que conste el acuerdo y los avisos de publicación del acuerdo y de la convocatoria de ser el caso.

4. Una vez inscrita la disolución y nombrado el Liquidador de la sociedad, se inicia el proceso de liquidación. A partir de ese momento, el Liquidador será el representante legal de la sociedad y cesan las funciones de los gerentes, administradores y directores.

5. Luego de culminada la liquidación de la sociedad, el Liquidador debe presentar ante la junta el balance final de liquidación, el cual deberá ser aprobado por la junta expresa o tácitamente y publicado por una sola vez.

6. Luego de distribuido el haber social, se procede a inscribir la extinción en el registro, mediante recurso firmado por el o los liquidadores en el que deben indicar la forma cómo se ha dividido el haber social, la distribución del remanente, las consignaciones efectuadas y la publicación del balance final.

7. En caso que, los activos de la empresa no alcancen para cubrir las deudas, se procederá a solicitar la declaración judicial de quiebra.

Declaración Judicial de Quiebra:
Los pasos descritos se dan cuando al final de la liquidación queda un remanente que distribuir, pero ¿que ocurre en los casos que al liquidar la empresa quedan deudas que no pueden ser pagadas?. cuando la empresa, dentro del proceso de liquidación, no puede cumplir con el pago de todas sus obligaciones, deberá seguir el proceso judicial de declaración de quiebra, de acuerdo a lo señalado por el Ley General de Sociedades.
El resultado del proceso judicial de quiebra es la declaración de la incobrabilidad de las deudas de la sociedad y la extinción de su patrimonio social.

Algunos alcances sobre la quiebra:

El articulo 417 de la Ley General de Sociedades establece que si durante el proceso de liquidación se extingue el patrimonio de la sociedad quedan acreedores pendientes de ser pagados, el liquidador debe convocar a la junta general para informar tal situación sin perjuicio de solicitar la declaración judicial de quiebra.

El liquidador de la sociedad está obligado a solicitar la declaración judicial de quiebra en esta situación. Los efectos de la quiebra son los siguientes:

Con la declaración de la quiebra el juez declara judicialmente extinguido el patrimonio del deudor así como la incobrabilidad de sus deudas. La declaración de quiebra se inscribe en el registro público, en la partida de la sociedad. Respecto de las consecuencias señaladas en la ley para el quebrado, cabe precisar que en el caso de una quiebra de empresa, es la persona jurídica quien quiebra, no sus socios o representantes por lo que los efectos negativos no alcanzan a estos últimos.

Despido de trabajadores de empresas en liquidación: Ver el siguiente link https://www.estudioarce.com/articulos/liquidacion-de-empresas-y-despido-de-trabajadores.html

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