Solicite una cita a través de nuestro correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , o llamando al Cel. 998513531.
El procedimiento de cobranza coactiva es iniciado por el ejecutor coactivo mediante la notificación al deudor tributario de la resolución de ejecución coactiva, la misma que contiene el mandato de pago o cancelación de las deudas tributarias dentro de los 7 días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse las medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada en caso que ya se hayan dictado tales medidas con anterioridad. Vencido el plazo de 7 días, el ejecutor coactivo podrá dictar las medidas cautelares que considere necesarias, entre ellas tenemos los siguientes:
El procedimiento de cobranza coactiva es iniciado por el ejecutor coactivo mediante la notificación al deudor tributario de la resolución de ejecución coactiva, la misma que contiene el mandato de pago o cancelación de las deudas tributarias dentro de los 7 días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse las medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada en caso que ya se hayan dictado tales medidas con anterioridad. Vencido el plazo de 7 días, el ejecutor coactivo podrá dictar las medidas cautelares que considere necesarias, entre ellas tenemos los siguientes:
- Embargo en forma de intervención en recaudación, en información o en administración de bienes.
- Embargo en forma de depósito, el cual puede ser con extracción de bienes o sin extracción.
- Embargo en forma de inscripción, anotándose en el registro público correspondiente.
- Embargo en forma de retención, el cual afecta los bienes, valores, fondos, cuentas y derechos de crédito en poder de terceros.
El embargo es la afectación jurídica de un derecho o bien del contribuyente y puede darse incluso si el bien o derecho se encuentra en poder de un tercero.
El procedimiento de cobranza coactiva no podrá ser suspendido o concluido por ninguna autoridad administrativa, política o judicial, con excepción del ejecutor coactivo.
El ejecutor coactivo suspenderá el procedimiento de cobranza coactiva cuando se ordene la suspensión dentro de un proceso constitucional de amparo; cuando una ley así lo disponga expresamente; y cuando existan circunstancias que evidencien que la cobranza podría ser improcedente y siempre que la reclamación se hubiera interpuesto dentro del plazo de 20 días establecido para impugnar la orden de pago.
Las medidas cautelares podrán ser sustituidas cuando a criterio de la administración, se ofrezca garantía suficiente o bienes libres cuyo valor sea igual o superior al total de la deuda mas costas y costos.
Levantamiento de los embargos y conclusión del procedimiento de cobranza coactiva.- El ejecutor coactivo dará por concluido el procedimiento y levantará las medidas cautelares en los siguientes casos:
-
Cuando se haya presentado la reclamación o apelación contra la resolución de determinación o multa que contenga la deuda tributaria, o la resolución que declara la pérdida de fraccionamiento, siempre que se siga pagando las cuotas del fraccionamiento.
- Cuando se haya extinguido la deuda por pago, compensación, condonación, consolidación.
- Se declare la prescripción de la deuda.
- La acción se siga contra persona distinta a la obligada al pago.
- Se apruebe el aplazamiento o fraccionamiento de la deuda.
- Se declare la nulidad o revocación de la resolución que es materia de la cobranza.
- Cuando se declare la quiebra del deudor tributario.
- Cuando una ley o norma de igual rango lo disponga expresamente.
- Cuando se haya interpuesto reclamación o apelación vencidos los plazos, cumpliendo con la presentación de la carta fianza respectiva. También procederá la suspensión o conclusión del procedimiento de cobranza coactiva cuando el deudor se encuentre dentro de un proceso concursal.
Lima, 24 de Agosto de 2015
Luis Alberto Arce Furuya
Abogado tributarista